Los Derechos económicos forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y son ampliados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), después completados con los derechos ambientales.

Una ciudad, un territorio, no es un escenario atractivo de convivencia si no tiene acceso al empleo digno, en condiciones equitativas, acceso a las prestaciones de seguridad social, condiciones de salubridad en el trabajo, protección ante el desempleo, derecho de jubilación digna, o derecho a sindicación.

Las ciudades y los territorios, en su conjunto urbano-rural, son escenarios de violencias generadas por las desigualdades económicas y la vulneración de estos derechos. Pero, también, son escenario donde se pueden y se deben emprender iniciativas que incidan en las oportunidades de mejora.

La economía social y solidaria, las cláusulas públicas de contratación, el fomento de la economía circular, las agencias de desarrollo local, mecanismos financieros encaminados a promover los ODS…, una amplia agenda de iniciativas que pueden ser impulsadas en la ciudad y en el territorio para corregir las desigualdades económicas, y, de esta manera, construir convivencia y paz.